SAE - Sociedad de Activos Especiales

CI2020-004485

Administración de bienes inmersos en procesos penales/ competencia del fondo especial de la fiscalía general de la nación


TEMA:


- Administración de bienes inmersos en procesos penales


- Competencia del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB)


HECHOS:


2.1. La Gerencia de Bienes Muebles realizó una depuración al inventario de bienes muebles, identificando 182 vehículos y 537 registros de sustancias químicas que fueron puestos a disposición desde el 15 de enero de 2013 en adelante, es decir, desde la entrada en vigencia de la Ley 1615 de 2013, y que además están inmersos en procesos penales.


2.2. Considerando lo anterior, la Gerencia en mención adelantó varias mesas de trabajo con los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en especial con aquellos que tienen a su cargo la administración del FEAB, en procura de obtener información respecto a si dichos activos actualmente registran medidas cautelares de comiso y/o si migraron a procesos de extinción de dominio. Lo anterior con el fin de dar aplicación a lo ordenado en la Ley 1615 de 2013. El resultado de estas reuniones a la fecha ha sido infructuoso dado a que la fiscalía general de la Nación no ha remitido la información solicitada.


CASO CONCRETO:


En atención a los anteriores hechos, la Gerencia de Bienes Muebles a través del memorando CI2020-003561 y correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2020, solicitó a esta Vicepresidencia emitir concepto jurídico respecto de los siguientes interrogantes:


- ¿Es viable disponer definitivamente de los bienes muebles que cuentan con oficio de puesta a disposición posterior al 15 de enero del 2013 y de los que se desconoce si estos migraron a procesos de extinción de dominio ante la falta de respuesta de la FGN?


- En caso de que no se pueda disponer definitivamente de los bienes, ¿cuál es el procedimiento a seguir?


CONSIDERACIONES


Antes que una respuesta puntual a los interrogantes formulados es procedente efectuar las siguientes consideraciones jurídicas de orden general:



  • COMISO DE BIENES/ MEDIDAS CAUTELARES


El comiso o decomiso de bienes, según como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional “es una medida que comporta la privación definitiva del dominio de un bien o de un derecho, padecida por su titular, y derivada de la vinculación del objeto con un hecho antijurídico, que puede ser un delito o una falta administrativa. La privación del derecho de dominio por parte de su titular origina el correlativo desplazamiento de la titularidad del bien o del derecho, al Estado”.


De acuerdo con la legislación penal colombiana esta medida, considerada por la jurisprudencia como una limitación legítima al derecho de dominio, recae sobre los bienes y recursos del penalmente responsable que provienen o sean producto directo o indirecto del delito o han sido utilizados o destinados a ser usados en delitos dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mismo (Art. 82 C.P.P.).


La ley procesal penal indica algunas medidas cautelares orientadas a garantizar que se pueda hacer efectivo el comiso. Para el efecto, contempla medidas materiales como la incautación y la ocupación de bienes, y como medida jurídica, la suspensión del poder dispositivo sobre los mismos.


La incautación es por consiguiente una medida cautelar con miras a hacer efectivo el comiso, y recae sobre bienes muebles que se encuentren en las situaciones descritas inicialmente, en tanto que la ocupación cumple los mismos propósitos en relación con bienes inmuebles. Una y otra medida, comporta el secuestro por parte de la autoridad competente, de los bienes objeto de estas.


De conformidad con la Ley 1615 de 2013, la administración de los bienes y recursos que son objeto de medidas – materiales o jurídicas- con fines de comiso, le corresponde al Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación (FEAB), los cuales deberán ser inscritos en un Registro Público Nacional de Bienes. Así mismo, las medidas –materiales o jurídicas- deben ser objeto de inscripción en la oficina de registro correspondiente, cuando la naturaleza del bien lo permita (Art. 86 C.P.P).


El objeto de la Ley 1615 de 2013, es la de establecer los sistemas para la administración de los bienes y recursos que sean puestos a disposición del Fondo Especial (FEAB). Al respecto es necesario tener en cuenta que de conformidad con el artículo 5 y 6 de la Ley 1615 de 2013, los bienes que administra el FEAB son:


• Bienes con sentencia ejecutoriada a favor de la Fiscalía General de la Nación o del Fondo Especial para la Administración de Bienes.


• Bienes sobre los cuales se haya decretado medida cautelar con fines de comiso.


En este contexto normativo se encuentra el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, norma esta que regula que el comiso recae sobre bienes y recursos utilizados o destinados a ser usados como medio o instrumento para la comisión de un delito doloso, o que constituyen el objeto material de este.


Teniendo en cuenta que el artículo 82 se ubica en el Capítulo II del Título I del Código de Procedimiento Penal que regula el “comiso”, se entiende que los bienes y recursos a que alude el precepto son aquellos sobre los que ha recaído una medida de carácter material; así mismo la norma se contrae a limitar el comiso sobre aquellos bienes que hayan sido medios eficaces para la comisión de un delito doloso.


Y, ciertamente en virtud de la Ley 1615 de 2013, la administración de los bienes que cumplan estas condiciones, ya sean muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, corporales o incorporales, le corresponde al FEAB, quien goza para tales efectos de un amplio margen de sistemas de administración que le permiten disponer de los activos de forma provisional o definitiva.


Si bien para el caso en concreto, la autoridad judicial competente puso a disposición de la liquidada DNE o de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S 182 vehículos y 537 sustancias químicas, no cabe duda de que en efecto, la competencia para su administración está en cabeza del FEAB. Esto último comoquiera que, de los oficios de puesta a disposición no es ajeno que en los mismos se encuentra relacionado el delito que generó la medida cautelar de comiso.


En igual sentido, se puede identificar que la puesta a disposición en este caso fue el 23 de mayo de 2014, presupuesto esencial para resaltar que el FEAB ya se encontraba en funcionamiento, y por ende, deberá quedar a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través del FEAB para efectos de su administración, toda vez que la entrada en vigencia de la Ley 1615 de 2013 fue el pasado 15 de enero de 2013, y la entrega del rodante fue posteriormente.


No puede perderse de vista que, conforme lo previene el artículo 94 de la Ley 1708 de 2014, la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S se encuentra facultada para celebrar cualquier acto y/o contrato que permita una eficiente administración de los bienes y recursos que hagan parte del FRISCO.


En lo que atañe a “una eficiente administración”, se trata de la máxima racionalidad de la relación de los costos-beneficios, de manera que la administración de los activos tiene el deber de maximizar el rendimiento o los resultados con costos menores, por cuanto la utilización de los recursos del FRISCO debe planificarse para que tengan como fin, garantizar que los bienes sean o continúen siendo productivos y generadores de empleo.


Si bien, los 182 vehículos y las 537 sustancias químicas en principio no hacen parte de los bienes del FRISCO y, por ende, no tienen la vocación para que sean administrados por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S, los costos de almacenamiento per se, si implican que esta Sociedad a la fecha esté asumiendo estos rubros.


Por consiguiente, la discrecionalidad para la determinación de un mecanismo de administración por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S no es absoluta, como quiera que su utilización se circunscribe únicamente sobre bienes extintos y afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio, según como lo prevé el artículo 92 de la Ley 1708 de 2014:


“Artículo 92. Mecanismos para facilitar la administración de bienes. Los bienes con extinción de dominio y afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio podrán ser administrados utilizando, de forma individual o concurrente, alguno de los siguientes mecanismos:



  1. Enajenación.

  2. Contratación.

  3. Destinación provisional.

  4. Depósito provisional.

  5. Destrucción o chatarrización.

  6. Donación entre entidades públicas.


VENTA MASIVA DE BIENES (…)”


Lo anterior significa, que la dirección del FRISCO presupone que la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S, está en la obligación de planificar adecuadamente sus actos, por lo que debe adoptar las medidas tendientes al cumplimiento de sus objetivos, como lo es ordenar la entrega de los activos en mención a favor de la entidad competente de su administración (FEAB), y adelantar las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo estatuido por la Ley 1615 de 2013.


De esta manera, la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S no sólo se arroga al cumplimiento de lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1708 de 2014, sino que a la vez se encuentra en la obligación de asegurar la primacía del derecho sustancial y en consecuencia, asegurar el propósito de la norma.


CONCLUSIONES


Efectuadas las precisiones que anteceden, se resuelve los interrogantes planteados así:


1. ¿Es viable disponer definitivamente de los bienes muebles que cuentan con oficio de puesta a disposición posterior al 15 de enero del 2013 y de los que se desconoce si estos migraron a procesos de extinción de dominio ante la falta de respuesta de la FGN?


- Considerando que la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S de conformidad con el artículo 90 y 92 de la Ley 1708 de 2014, se encuentra facultada para ejercer únicamente la administración de aquellos bienes que hagan parte del FRISCO, la Gerencia de Bienes Muebles no puede disponer definitivamente de estos activos, máxime si fueron puestos a disposición después de la entrada en vigencia de la Ley 1615 de 2013, y están inmersos en procesos de índole penal y no de extinción de dominio.


- Como la naturaleza y fines del comiso, comporta la privación definitiva del dominio de un bien o de un derecho, padecida por su titular, y derivada de la vinculación del objeto con un hecho antijurídico, la administración de estos bienes y/o recursos, le corresponde al Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación FEAB, de conformidad con el artículo 82 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y la Ley 1615 de 2013.


2. En caso de que no se pueda disponer definitivamente de los bienes, ¿cuál es el procedimiento a seguir?


- Se sugiere que la Gerencia de Bienes Muebles requiera formalmente a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que estos procedan a recibir los activos e indicar que en el caso de que se nieguen a recibirlos, autorice a la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S para disponer definitivamente de los mismos, sin perjuicio del inicio de las acciones legales a que haya lugar.


El documento deberá contener la información de cada uno de los vehículos y de las sustancias a entregar, especialmente las fechas de puesta a disposición y siempre, la relación del delito que originó el comiso.


- Téngase en cuenta que la finalidad del anterior escrito es constituir a la Fiscalía General de la Nación como renuente, siempre y cuando estos últimos no se pronuncien respecto a la entrega o disposición de los bienes. Una vez se agote este trámite, esta Vicepresidencia iniciará las acciones pertinentes, como la Acción de Cumplimiento.


- En vista de lo anterior, no será necesario proyectar resolución que ordene la entrega de unos bienes al FEAB, como quiera que esta Sociedad está obligada a proferir los actos administrativos que procuren la debida administración de los bienes que hagan parte del FRISCO.


FUENTES


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