Alcaldesa de Lloró ocupaba irregularmente predio incautado a testaferro de Mario Castaño.

·      El procedimiento se fundamentó en el aparente abandono del inmueble, pero se hallaron ocupantes irregulares durante la diligencia.

·      El bien hace parte del proceso de extinción de dominio vinculado al caso de corrupción ‘Las Marionetas’.

·       La propiedad estaba en poder de Jeiler Javier Sánchez Moreno, señalado como testaferro del exsenador Mario Castaño.

·      La SAE avanza en la recuperación de activos para destinarlos a proyectos sociales en beneficio de las comunidades.

Quibdó, 29 de septiembre de 2025.La Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelantó una diligencia de recuperación de un inmueble en la ciudad de Quibdó (Chocó), el cual se encontraba ocupado de manera irregular por Luz Stella Serna Moreno, alcaldesa del municipio de Lloró.

El procedimiento se realizó tras agotar los requerimientos previos establecidos por la Entidad. Aunque la medida se fundamentó inicialmente en el aparente abandono del bien, durante la diligencia se constató la presencia de ocupantes irregulares, entre ellos la mandataria local, quien intentó entorpecer la actuación ocultándose en una de las habitaciones, lo que generó retrasos en el cumplimiento de la orden. Actualmente, la diligencia avanza con el retiro de enseres y la formalización de la entrega del inmueble.

El bien recuperado hace parte del proceso de extinción de dominio relacionado con el entramado de corrupción conocido como el caso de ‘Las Marionetas’, liderado por el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez, condenado por direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos a través de una red de testaferros y funcionarios. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta propiedad estaba en poder de Jeiler Javier Sánchez Moreno, señalado como uno de los testaferros vinculados a la red.

La SAE reiteró que la administración, custodia y disposición de los bienes a su cargo se adelanta bajo criterios de legalidad, transparencia y respeto al debido proceso, en articulación con las autoridades competentes.

Con esta acción, la Entidad ratifica su compromiso de garantizar el uso legal de los activos del Estado y recuperar aquellos que han sido ocupados sin autorización, con el fin de destinarlos a proyectos sociales y productivos que beneficien directamente a las comunidades.