La SAE advierte sobre estafas por suplantación de funcionarios

Bogotá, 22 de mayo de 2025.

La Sociedad de Activos Especiales alerta a la ciudadanía sobre la tendencia en aumento de casos en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios, depositarios o intermediarios de la entidad para ofrecer en venta activos como inmuebles o vehículos, entre otros, a nombre de la SAE, exigiendo pagos directos a cuentas particulares. Un ejemplo se presentó en días pasados tras la denuncia de un ciudadano que afirmó haber entregado dinero a un supuesto depositario identificado como “Rubén”, quien ofrecía un inmueble en Bogotá, sin que existiera proceso oficial de venta, ni autorización alguna de la entidad.

El bien en cuestión, identificado con FMI 50C-1673620, no se encontraba disponible en ninguno de los canales oficiales de comercialización de la SAE. En ese sentido, la SAE recuerda enfáticamente que:

• No realiza ventas directas a personas naturales ni jurídicas por fuera de los canales oficiales.

• No autoriza a terceros, intermediarios o depositarios a recibir dinero en nombre de la entidad.

• Cualquier oferta por fuera de los portales institucionales es falsa y representa un riesgo de estafa. Las únicas vías autorizadas para conocer, ofertar o comprar activos administrados por la SAE son:

• Subastas públicas con operadores especializados, El Martillo del Banco Popular, debidamente publicadas en el sitio web oficial (https://www.sae.gov.co) Ante cualquier sospecha de fraude o suplantación, la entidad invita a la ciudadanía a:

• Abstenerse de entregar dinero a terceros. • Verificar siempre con la SAE la legalidad de cualquier proceso de venta.

• Reportar casos a través del canal de denuncias: denuncias@sae.gov.co

• Contactar la línea oficial de atención: 018000-111612. PBX: +57 601 7431444. La SAE, en coordinación con su Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento, ha activado los mecanismos internos de alerta, al tiempo que reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del ciudadano frente a actos fraudulentos.