La SAE pide la demolición de nueve predios que estarían siendo utilizados para actividades ilícitas en Bogotá

• Desde la Sociedad de Activos Especiales estamos trabajando en mesas conjuntas con el Distrito para que estos predios puedan ser demolidos e impedir su reutilización ilegal.

• Estos predios han sido invadidos y están siendo utilizados para actividades ilícitas, entre ellas expendio de drogas, discotecas clandestinas y operaciones ilegales.

• La entidad reafirma su compromiso con la justicia social y la legalidad, dejando claro que donde antes hubo delito, ahora habrá transformación, y donde no se pueda construir un futuro, se derrumbará el pasado criminal.

Bogotá – 28 de mayo de 2025 – Luego de un operativo interinstitucional de inspección, vigilancia y control entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía de Santa Fe, se identificaron nueve predios bajo la administración de la SAE, que han sido invadidos y utilizados para actividades ilícitas, lo que encendió las alarmas en la Policía Metropolitana de Bogotá. Frente a esta situación, la SAE anunció que no descarta su demolición como una medida definitiva para erradicar el uso criminal de estos bienes del Estado.

“Estamos ante una amenaza real para la seguridad y la legalidad en los territorios. Estos predios, que deberían estar cumpliendo una función social, han sido tomados por estructuras criminales. No vamos a permitir que sigan siendo trincheras del delito. Si no pueden ser utilizados para transformar vidas, deberán ser demolidos”, aseguró Catalina Serrano, directora para la Democratización de Inmuebles Urbanos de la SAE.

Estos casos representan una clara violación al principio de legalidad y uso adecuado del patrimonio público. Pues los predios, que fueron incautados en su momento a organizaciones criminales y puestos bajo administración de la SAE, están siendo blanco de invasiones ilegales que hoy los han convertido nuevamente en centros  de operaciones ilícitas, incluyendo expendio de drogas y bodegas para contrabando.

Ante este panorama, la SAE ha redoblado esfuerzos en coordinación con las autoridades judiciales, de policía y entes territoriales para recuperar el control sobre estos inmuebles. Pero si el riesgo persiste, la demolición se convierte en una salida legítima y necesaria para proteger a las comunidades y al Estado.

Actualmente, la entidad avanza en procesos de verificación y análisis jurídico para definir cuáles de estos predios pueden ser recuperados para fines sociales, como centros comunitarios, sedes institucionales o proyectos productivos, y cuáles deben ser intervenidos estructuralmente o demolidos para frenar su reutilización ilegal.

Este anuncio marca un punto de inflexión en la política de administración de bienes incautados. La SAE no solo se propone custodiar estos activos, sino convertirlos en motores de transformación social o, en su defecto, impedir categóricamente que vuelvan a ser herramientas del crimen.

Así seguimos impulsando el cambio.