La SAE recuperó predio en Pereira ocupado ilegalmente tras presunto engaño masivo

• La SAE, junto con la Alcaldía de Pereira y la Policía Nacional, lideró un operativo de desalojo en un predio de Combia, Risaralda, tras recibir una alerta de ocupación irregular.
• Según la Fiscalía, el proceso de extinción se originó tras una investigación del CTI por presunto lavado de activos y narcotráfico, que vinculaba a testaferros y cabecillas del Cartel del Norte del Valle.
• La información preliminar de las autoridades señala que varias personas habrían sido engañadas y trasladadas al predio bajo la promesa de asistir a un supuesto encuentro religioso.
• El procedimiento se realizó en cumplimiento del artículo 81 del Código Nacional de Policía, que permite recuperar la tenencia de predios privados dentro de las 48 horas posteriores a una ocupación ilegal.

• La SAE actuó de manera inmediata activando las rutas legales de protección y desplegó un equipo interdisciplinario para garantizar un operativo preventivo, legal y humanitario.

Pereira, Risaralda, 19 de noviembre de 2025. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), en coordinación con la Alcaldía de Pereira, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y demás organismos de control, adelantó el pasado sábado 15 de noviembre un operativo de desalojo en un predio administrado por la entidad, ubicado en el sector de Combia, corregimiento del municipio de Pereira. El predio, perteneciente a la Sociedad Industria Agrícola San Valentín S.A., tiene un área aproximada de 105 hectáreas y 4.664 m².

La operación se realizó en estricto cumplimiento del artículo 81 del Código Nacional de Policía y Convivencia, que faculta la recuperación de la tenencia de un bien privado dentro de las primeras 48 horas posteriores a su ocupación irregular.

Según información preliminar de las autoridades, varias personas habrían sido engañadas y trasladadas al predio bajo la falsa promesa de participar en un supuesto encuentro religioso. Esta situación encendió las alertas institucionales y motivó una intervención inmediata para proteger la integridad y seguridad de los ciudadanos.

Desde las 8:00 a.m., un equipo interdisciplinario de la SAE llegó al lugar tras recibir la alerta sobre el ingreso irregular de un grupo de personas. Como administradora del predio, catalogado como bien social, la entidad activó de inmediato las rutas legales de protección y desplegó un operativo preventivo, legal y humanitario.

“Como administradores de los bienes especiales del Estado, nuestra obligación es protegerlos y garantizar su destinación adecuada. Actuamos de manera inmediata y coordinada con las autoridades para restablecer el orden, evitar riesgos y prevenir que estos activos sean utilizados de forma indebida”, afirmó Jaime Ocampo, director de la Territorial Occidente de la SAE.

Origendelpredioy antecedentes

Los predios en cuestión ingresaron a la administración de la SAE como consecuencia de un proceso de extinción de dominio iniciado el 6 de mayo de 2013. En su momento, fueron entregados por la Fiscalía General de la Nación a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y posteriormente trasladados a la SAE tras la liquidación de dicha entidad.

El proceso de extinción se originó en el marco de una investigación por lavado de activos y narcotráfico, vinculada a las finanzas criminales, testaferros y cabecillas del Cartel del Norte del Valle. Dicha investigación comenzó tras un informe del CTI, en el que se relacionaban varias propiedades presuntamente asociadas a miembros de esta estructura criminal.

Mientras tanto, los predios están siendo administrados por la SAE bajo la figura de depósito provisional, motivo por el cual no han sido entregados ni destinados a ninguna asociación.

El equipo institucional de la SAE permanece en la zona verificando el cierre del procedimiento y avanza en el análisis de la información recopilada para identificar plenamente a los responsables de la convocatoria irregular.

Con estas acciones, la SAE reafirma su compromiso con la legalidad, la convivencia ciudadana y la protección de los bienes que pertenecen a todas y todos los colombianos, para así seguir impulsando el cambio con dignidad.